Abengoa espera las exigencias de Calviño y Maroto

Abengoa estima que el Estado hará valer su participación dentro del accionariado para activar las ayudas del ICO y CESCE con las que rescatar a la compañía

Abengoa sigue a la espera de que el Gobierno se pronuncie, a través del ICO y CESCE, sobre la situación de quiebra en la que se encuentra la sevillana pues el próximo lunes expira el enésimo plazo que los acreedores concedieron a la multinacional para lograr financiación pública.

La ingeniera confía en que el Estado apoye el plan de reestructuración con hasta 530 millones de euros, 230 millones en créditos ICO y 300 millones en avales de CESCE.

Para ello, el Gobierno debe aceptar que sea el Banco Santander quien aporte los 20 millones de euros que la sociedad reclamaba a la Junta de Andalucía.

Las dudas del Gobierno

Fuentes conocedoras de la negociación informaron a finanzas.com que el apoyo de la Moncloa siempre estuvo supeditado a que el Gobierno andaluz también interviniese en el rescate, pero que ahora volaran la opción del Santander, pues sería el máximo accionista de la nueva sociedad, como parche al problema.

El cambio de parecer se habría producido tras demostrar el Ejecutivo regional que no posee mecanismos legales y jurídicos para inyectar liquidez en una reestructuración, mientras que el Estado, gracias a los organismos públicos de crédito y alegando también la situación económica derivada de la pandemia, sí pueden salir al rescate de Abengoa.

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Así las cosas, las fuentes informan de que al Gobierno le resultaría “imposible explicar que se dejase caer a una multinacional que emplea a más de 14.000 trabajadores en el mundo, 2.500 en España, y que cuenta con presencia en los cinco continentes y 80 años de historia”.

El papel del Ministerio de Industria

La quiebra de Abengoa salpica también al Ministerio de Industria dirigido por Reyes Maroto pues posee una participación del 2,39%, que le coloca como sexto principal accionista en la compañía desde la Secretaría de Comercio, a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI).

El FRRI, a su vez, es dependiente de CESCE, la compañía por cuenta propia de seguros de créditos a la exportación, y a la cual también Abengoa solicita su “necesaria” participación en el plan de viabilidad del grupo.

La participación del Estado se eleva hasta los 522,74 millones de euros a través de 50 millones de acciones clase A, más de 100 derechos de voto por cada título, y 500 millones de títulos de clase B, cada uno de ellos con un derecho de voto.

La vieja matriz está quebrada

Esta posición quedaría diluida pues la matriz, Abengoa, está quebrada por un pasivo de 153 millones de euros que continúa sin salvarse a través de un plan de adhesión de créditos participativos que solo logró un 14% de inscripciones.

Así, los accionistas de Abengoa no tendrían ninguna participación en Abenewco 1, la receptora del rescate, y la que estaba fijada en la ‘Operación Vellocino’, como se conoce al plan, era del 2,7%, en caso de salvar Abengoa, desde el 77,25% de peso actual en Abenewco 1.

Esta situación no pasa desapercibida en los Ministerios de Industria y Economía, pues el ministerio de Nadia Calviño es el encargado del ICO, y por ello contemplan “diversas fórmulas parece hacer valer tanto la posición de la Secretaría de Comercio como la inyección de capital”, señalan las fuentes.

Es decir, el Gobierno estudiaría tener presencia en alguna de las sociedades del grupo para controlar de forma directa el uso que se esté dando a su apoyo y algunos medios de la prensa salmón señalan que hasta podrían pedir un puesto en el consejo de administración.

La disputa de los 20 millones

Al igual que sucede con la posición de la Junta de Andalucía, el Gobierno “quiere evitar que su aportación caiga en saco roto después de perder un 70% de valor su posición en la compañía, una pérdida difícil de explicar a la sociedad”, señalan a finanzas.com fuentes financieras.

Es por ello que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pretendía entrar de la mano de la Junta de Andalucía y ante su negativa la dirección del grupo, en aquel momento capitaneada por Gonzalo Urquijo, buscó una salida a Valencia, con un gobierno del mismo color, para lograr el importe, aunque la estrategia fracaso desde el inicio.

El computo total del rescate, entre ayudas, quitas de deuda, participaciones y otros conceptos se eleva por encima de los 1.000 millones de euros y el mercado se pregunta si una cotizada puede quebrar por 20 millones. La cuestión es que la propia compañía ha calificado en reiteradas ocasiones esos 20 millones de euros como “imprescindibles” para el rescate.

Las peticiones de los minoritarios y la presión de los acreedores

La Moncloa también tiene presente la situación entre la sociedad y los minoristas agrupados en una sindicatura que cuenta ya con el respaldo del 22% del accionariado. Es decir, con esa cifra se sitúan como los principales accionistas de Abengoa.

Los minoritarios piden una posición de dominio en Abenewco, una ampliación de capital de 30 millones de euros con la que desalojar al Santander del accionariado y la entrada de un socio financiero en forma de fondo de inversión.

Además, tienen dos vías judiciales abiertas con Abengoa por la ‘Operación Vellocino’, lo que también tensiona al ejecutivo. Mientras, los acreedores presionan para que el Gobierno acepte el plan pues este está anunciado desde el 6 de agosto.

Con todo, la empresa debería estar quebrada el 18 de diciembre, pero por la situación derivada del Covid-19 el plazo quedó ampliado hasta el 18 de febrero como, en principio, fecha límite para lograr una solución.  

 

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