Revés para May: La activación del Brexit tendrá que aprobarla el Parlamento

El Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que pone en marcha el "brexit", la salida británica de la Unión Europea (UE), según dictaminó hoy el Tribunal Supremo.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechazó el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.

El presidente del Supremo, David Neuberger, dijo que por una mayoría de 8 a 3, los jueces concluyeron que el Gobierno de Theresa May no puede activar el artículo sin permiso de los parlamentarios.

Según el dictamen, el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento".

Agregó que los defensores de la primacía del legislativo arguyeron que, como resultado de la salida de la UE, se modificarán los derechos legales disfrutados por los residentes en el Reino Unido.

En su dictamen, el tribunal también estableció, de forma unánime por los once jueces del Supremo, que el Gobierno no tiene que consultar a los organismos legislativos autonómicos - Escocia, Irlanda del Norte y Gales- antes de activar el "brexit".

Los estatutos de autonomía fueron establecidos en su día cuando el Reino Unido era miembro del bloque europeo, explicó la corte en este sentido.

"Las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido", dijo Neuberger al leer el dictamen.

El Tribunal Superior había fallado en noviembre en favor de la empresaria Ginna Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes del Parlamento.

Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supondrá que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

Esos letrados insistieron en que solo el Parlamento de Westminster puede retirar esos derechos.

Sin embargo, el Gobierno ha defendido que puede poner en marcha el artículo porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.

El Ejecutivo de May sostiene que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que un 51,9% frente a un 48,1% de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar el "brexit" sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.

La primera ministra ha insistido en que invocará el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019